El terrible caso de una niña de tres años que fue abusada y maltratada por sus parientes, tuvo un inesperado y polémico giro. Un juez ordenó que una profesional de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) fuera enjuiciada por incumplimiento a los deberes de funcionario público. Por esa razón, sus compañeros de trabajo y otras entidades marcharán para exigir “que se acabe la persecución judicial” en contra de los trabajadores de esa repartición.

“Me toca pagar las consecuencias de las fallas institucionales”

M.L.B, de tres años, fue rescatada cuando se descubrió que había sido abusada y maltratada por sus propios parientes en un barrio de Alberdi. El fiscal Héctor Fabían Assad acusó de abuso a dos tíos y a las dos hermanas de la madre de la pequeña, una joven que tenía un retraso madurativo. La niña fue hallada a fines de enero en grave estado. Tenía un brazo quebrado, la nariz con un profundo corte y lesiones en su piel por falta de higiene. Fue llevada al hospital de Niños, donde estuvo internada varios meses. Lograron salvarle la vida y actualmente se encuentra en un hogar de tránsito.

Un tío de la niña fue condenado a 17 años de prisión por haber abusado de ella. A su pareja, hermana de la madre de la pequeña, a 13 años, por haberla maltratado. Aún falta que sea enjuiciado otro hombre por el caso. La otra imputada murió en el incendió que se registró en la Brigada Femenina de Concepción en septiembre.

Entrega sin informe

El fiscal descubrió que el juez de Familia de Concepción, Raymundo Bichara, habría entregado a los parientes a la pequeña sin tener ningún informe sobre las condiciones de vida de los tenedores provisorios. Además, una vez que terminó con ese paso, archivó la causa y no hizo un seguimiento. Según fuentes judiciales, Assad advirtió de esta situación, pero no se pudo establecer si se inició una investigación jurisdiccional en contra del magistrado.

El fiscal luego encontró que en abril de 2019, es decir, 21 meses antes de que se descubriera, se habían encendido las alarmas que ningún funcionario de la Dinayf observó. Por ello imputó a la licenciada en psicología María del Pilar Guindo por incumplimiento a los deberes de funcionaria pública. Basó su acusación en tres testimonios:

- La licenciada Gabriela Martorell, responsable de la línea 102 “Ayuda al Niño”, confirmó que el 20 de abril de 2019 recibió una denuncia anónima sobre la situación en que se encontraba M.L.B y que cuatro días después le pidió a Guindo que, como coordinadora de los Servicios Locales del Sur, interviniera, pero la Justicia no encontró registro hasta ahora para demostrar que la profesional hubiera actuado.

- El 4 de julio de 2019, la licenciada Rafaela Romero, como responsable del área social del municipio de Alberdi, recibió la visita de los familiares de la niña pidiendo pañales y alimentos. Se presentó en el domicilio que la pequeña compartía con tres hermanos y descubrió que los menores estaban mal alimentados, dormían todos en una misma cama destartalada que estaba instalada en una casilla de cañas huecas. Señaló además que el 16 de julio de ese año envió un informe a Guindo para que interviniera de manera urgente. Como no obtuvo respuestas, insistió con el planteo el 16 de agosto, pero tampoco los especialistas actuaron.

- La ex directora de la Dinayf Mariana Cirelli declaró como testigo y señaló que Guindo no sólo no había realizado la derivación correspondiente, sino que no hubo seguimiento del caso.

La defensa

En la audiencia que se realizó para solicitar que la causa sea elevada a juicio, José Luis Contreras, defensor de Guindo, solicitó que fuera sobreseída.

- Tal como lo había realizado en su declaración como imputada, Guindo había solicitado que se activen los mecanismos para la restitución de los derechos vulnerables de M.L.B. Sin embargo, al analizar la prueba, el juez Cristian Velázquez desvirtuó esa versión. “Tenemos una probabilidad de que la información no ha pasado a la Municipalidad de Alberdi. Es más, no hubo un seguimiento en los ocho meses hasta que se ha producido el abuso sexual y la imputada no presentó una constancia de seguimiento”, sostuvo el magistrado.

- Contreras señaló y mostró evidencias de que la acusada salió de licencia el 15 de julio de 2019, un día antes de que la licenciada Romero enviara el informe sobre la grave situación de la niña. El juez rechazó ese planteo al entender que Guindo debería haber actuado desde el 24 de abril, día en el que fue informada por su superior de la denuncia que había recibido el organismo.

- El defensor indicó que no se puede considerar a la imputada como funcionaria pública, ya que es una profesional más que presta servicios en el área. “La configuración del delito involucra en este caso la no ejecución de las leyes cuyo cumplimiento le incumbe por su función, como así también por el incumplimiento de las obligaciones, fundamentalmente de naturaleza administrativa”, señaló el magistrado al rechazar el planteo.

- Por último, Contreras solicitó que se le permita ofrecer una nueva lista de testigos y pruebas que ayudarían a demostrar la inocencia de su defendida. Pero el planteo fue rechazado por Velázquez al considerar que se habían vencido todos los plazos procesales el 30 de agosto. En la audiencia trascendió que su anterior defensor había sido notificado sobre los plazos y que no había presentado pruebas.

“La imputada Guindo como encargada de los Servicios Locales del Sur debió haber intervenido para que se restituyan o restablezcan los derechos vulnerados oportunamente, que a la postre ocasionaron que la menor L.M.B resultara víctima de malos tratos físicos y abusos que pusieron en riesgo su vida”, indicó Velázquez al confirmar que se realice el juicio contra Guindo.

El juez también indicó que ella no puede ser la única responsable de que M.L.B haya sufrido semejante calvario, pero se puede encontrar a otros involucrados en el debate. La defensa anunció que impugnará el fallo.

Movilización

Enterados de la resolución, los compañeros de Guindo y miembros de colegios de profesionales, realizarán hoy desde las 8 una marcha bajo los lemas “No a la persecución juidicial” y “Emergencia a la niñez ya”. La concentración será en avenida Benjamín Aráoz al 800.

Los trabajadores de la Dinayf vienen denunciando desde hace más de un año el estado de precariedad en que se encuentran desarrollando su tarea. También denunciaron que, cada vez que se produce un problema, los funcionarios y responsables del área los abandonan, como es el caso de Guindo, que debió afrontar un proceso judicial con su propio bolsillo.

Los referentes de los colegios de Psicólogos y Profesionales en Servicio o Trabajo Social de Tucumán denunciaron que cada profesional tiene entre 70 y 100 casos por atender y que así es imposible realizar un trabajo serio.

Antecedentes: la Justicia investiga otros dos casos

En los tribunales de la capital hay otros dos expedientes abiertos en contra del personal de la Dinayf. Uno es el llamado caso Abigail, la niña de tres años que murió por los golpes que le propinó su abuelastra con la complicidad de su abuelo en julio de 2020. La ex fiscala Adriana Giannoni acusó a ambos de homicidio y pidió que se iniciara una investigación en contra de los profesionales que no atendieron las denuncias de vecinos por maltrato. La causa quedó en manos de la fiscala Mariana Rivadeneira. El fiscal Ignacio López Bustos también investiga al personal de la Dinayf por la muerte de Rocío, ocurrido en julio pasado. La pequeña fue separada de su madre y llevada de manera irregular a un asentamiento de Lules. Una profesional del organismo a través de una videollamada entrevistó a su tenedora que dijo que estaba en perfectas condiciones y bien protegida. La mujer, su pareja y el yerno, fueron acusados de haberla matado para evitar que se supiera que habían abusado de ella.